Pasan los años y la tendencia no se detiene. En menos de una década, los casos de estafas millonarias se repiten con frecuencia. Hay decenas de damnificados y los expedientes, por diferentes razones, avanzan a paso muy lento. Es más, en la mayoría de los casos, todavía no fueron resueltos. El perjuicio económico reclamado podría superar los $12.000 millones, según estimaron fuentes judiciales.
Las primeras maniobras que quedaron al descubierto fueron las vinculadas con la supuesta compra y venta de criptomonedas. Generación Zoe, Intensive Live, Adhemar Capital y Peak Capital fueron algunas de las más conocidas. A ellas se les sumó otra presunta estafa piramidal que tuvo su epicentro en el sur de la provincia y que fue conocida como Winance.
Quién es Diego Ovejero, el abogado investigado por una supuesta estafa por más de $740 millonesDeterminar con exactitud el monto de los perjuicios resulta prácticamente imposible, aunque existen algunas estimaciones. Los investigadores sostienen que superarían ampliamente los $7.500 millones.
“Son épocas distintas y también los fondos que se manejaban. Por ejemplo, en el caso Adhemar, unos 800 tucumanos reclamaron la devolución de $286 millones, pero la Justicia determinó una deuda de $176 millones”, explicó un abogado que participó del proceso.
Lo que sí está comprobado es que ninguno de esos expedientes fue cerrado, pese a que algunos se iniciaron hace más de cinco años. Las limitaciones tecnológicas -fundamentales para seguir la trazabilidad de las criptomonedas- y la falta de recursos humanos para investigar estructuras complejas aparecen entre los principales obstáculos para avanzar en las causas.
Planes
Soramus y Sunday fueron algunas de las financieras que enfrentaron problemas judiciales por haber recibido dinero de terceros a cambio de una rentabilidad que, según los denunciantes, era muy superior a la ofrecida por el sistema financiero tradicional.
Denuncian una estafa con azúcar por más de $740 millonesLos inversores aseguraron que entregaban fondos para que esas firmas los prestaran a terceros. Generalmente, los beneficiarios eran personas que no podían acceder al crédito formal por no cumplir con los requisitos exigidos o por registrar antecedentes negativos en el sistema financiero.
Los especialistas estimaron en alrededor de $2.000 millones el monto reclamado por los inversores en ambos expedientes.
A lo largo de los años también surgieron investigaciones contra personas que ofrecían planes de ahorro para acceder a motocicletas o vehículos. Según las pesquisas, esas maniobras podrían haber generado perjuicios superiores a los $800 millones.
El caso que alcanzó mayor repercusión fue el de DG Automotores, que tuvo una particularidad: se realizaron excavaciones en una vivienda porque existían sospechas de que parte del dinero había sido enterrado en ese lugar.
En lo que va del año se abrieron dos nuevas causas con una modalidad que, al parecer, sigue creciendo: la captación de fondos para supuestas inversiones.
Ese es el caso de la denominada causa Lebron, en la que fue denunciado Franco David Alderete por reunir capitales para la importación de suplementos alimentarios y productos tecnológicos. En ese expediente hay una quincena de denunciantes que reclaman más de $536 millones.
El caso de la estafa con azúcar se deriva a la Justicia Federal por sospechas de lavado y evasiónAhora se sumó la investigación que tiene como principal señalado a Diego Ovejero, quien habría captado fondos para realizar operaciones en el mercado azucarero. Hasta el momento, nueve denunciantes reclaman más de $740 millones.
Sin embargo, existe un dato que preocupa a los investigadores: nadie puede determinar con certeza cuántas personas más podrían presentarse ante la Justicia para denunciar haber sido perjudicadas en ambos casos.